Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red de Justicia Penal, el Instituto para la Defensa del Derecho a la Defensa (IDDD), Justica Global y la Asociación para la Prevención de la Tortura, emitieron un comunicado pidiendo el rechazo del proyecto que, según ellos, “representa un claro ataque a la protección personal, a la presunción de inocencia y a la autonomía de los jueces”.
