Una auditoría de la Contraloría Regional del Biobío detectó incumplimientos y debilidades de control en la ejecución del Programa Inversión en la Comunidad, conocido como Proempleo, durante 2024. La fiscalización revisó recursos administrados por la Delegación Presidencial Regional y quedó consignada en el Informe Final N.º 180/2026.
De acuerdo con los antecedentes divulgados por Radar Biobío, la Región del Biobío recibió $84.751 millones para este programa, monto equivalente a más del 77% de los recursos nacionales. De ese total, $61.084 millones fueron entregados a entidades privadas para financiar 52 proyectos, formalizados mediante 24 convenios.
Observaciones sobre los beneficiarios
El organismo fiscalizador identificó 1.044 personas que no cumplían los requisitos de elegibilidad establecidos para participar en el programa. Según la auditoría, esos casos correspondían a registros de ingresos u honorarios provenientes de otras entidades, la existencia de más de un empleador o el pago de pensiones por sobre el límite permitido.
La revisión también constató relaciones de parentesco vinculadas con participantes del programa. En particular, se registraron 343 beneficiarios relacionados familiarmente con 138 dirigentes sindicales que intervenían en la iniciativa. Además, fueron detectados 116 casos de parentesco entre beneficiarios y trabajadores de entidades ejecutoras privadas, junto con vínculos familiares entre siete integrantes de la Coordinación Regional y nueve beneficiarios.
- $4.695.000 fueron pagados en bonos de movilización a 48 personas que mantenían licencias médicas vigentes.
- $4.407.750 correspondieron a cuotas sindicales, ahorros y descuentos voluntarios depositados en cuentas personales y no en cuentas sindicales.
- 15 recintos estaban cerrados durante visitas de fiscalización, lo que impidió comprobar la jornada de 75 trabajadores.
- Otros 33 beneficiarios no se encontraban en sus lugares de trabajo y no presentaron antecedentes que justificaran su ausencia.
Controles pendientes en los proyectos
La Contraloría informó además que 813 personas destinadas a establecimientos educacionales no contaban con acreditación de idoneidad psicológica. El hallazgo se suma a las observaciones sobre los mecanismos utilizados para comprobar la asistencia, la elegibilidad de los participantes y el destino de determinados descuentos y beneficios.
| Antecedente auditado | Resultado |
|---|---|
| Recursos recibidos por la región | $84.751 millones |
| Proyectos financiados por entidades privadas | 52 |
| Beneficiarios sin requisitos acreditados | 1.044 |
| Personas sin idoneidad psicológica acreditada | 813 |
Como resultado de la fiscalización, el organismo ordenó adoptar medidas correctivas, acreditar su implementación y disponer procedimientos disciplinarios destinados a determinar eventuales responsabilidades administrativas. El informe también concluyó que las respuestas entregadas por la Delegación Presidencial Regional no permitieron desvirtuar las observaciones formuladas durante la auditoría.