La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un nuevo recurso presentado por una pensionada que denunció que continuaba sin poder ingresar a un terreno ubicado en Santa Juana, pese a que la Corte Suprema había ordenado previamente entregarle las llaves del portón de acceso. El tribunal dispuso retirar los candados y cualquier otro obstáculo instalado en el lugar, además de permitir el ingreso de la mujer al inmueble.
El conflicto se remonta a 2021, cuando la recurrente adquirió derechos sobre el predio tras la muerte de su padre. Según expuso ante la justicia, en noviembre de ese año intentó acceder por el único ingreso disponible, pero encontró el portón bloqueado. En octubre de 2024 regresó al terreno y constató que el paso permanecía clausurado, situación que motivó las primeras acciones judiciales.
El caso fue revisado inicialmente por la Corte de Apelaciones de Concepción y luego llegó a la Corte Suprema. El máximo tribunal acogió el recurso de la pensionada y ordenó que se le entregaran las llaves necesarias para desplazarse por el predio. Sin embargo, la mujer sostuvo que las llaves que recibió no le permitieron entrar al terreno ni a la vivienda donde había residido su padre.
Nuevo bloqueo denunciado en septiembre
La situación volvió a ser planteada ante los tribunales después de un episodio ocurrido el 12 de septiembre de 2026. Ese día, la pensionada acudió al inmueble acompañada por otras dos personas y afirmó que se le negó nuevamente el ingreso. También sostuvo que fue amenazada con una escopeta, por lo que se solicitó la presencia de Carabineros. La contraparte negó tanto la existencia de esas amenazas como la comisión de actos ilegales.
Al resolver el nuevo recurso, la Corte de Apelaciones consideró que los hechos denunciados constituían una situación distinta de la revisada anteriormente, debido a que el portón habría sido cerrado otra vez mediante nuevos candados u otros mecanismos físicos de bloqueo. Para los jueces, impedir el ingreso de una copropietaria configuraba una forma de “autotutela o justicia por mano propia”, porque las diferencias sobre el uso de un bien común deben resolverse ante los tribunales y no mediante barreras o acciones de fuerza.
“Las diferencias sobre el uso de una propiedad común deben discutirse ante la justicia”, estableció la Corte de Apelaciones de Concepción.
El tribunal vinculó la obstrucción del acceso con una afectación al derecho de propiedad de la recurrente. La resolución ordenó adoptar las medidas necesarias para que pueda entrar al terreno, retirar los candados y cualquier otro impedimento físico, y entregarle las llaves correspondientes. El fallo se refiere a un conflicto entre particulares y no establece responsabilidad penal respecto de las amenazas alegadas, cuya existencia fue negada por la contraparte.
- 2021: la pensionada denunció por primera vez que no podía acceder al inmueble.
- 2024: afirmó que el portón continuaba completamente clausurado.
- 12 de septiembre de 2026: reportó un nuevo bloqueo y solicitó la presencia de Carabineros.
- Resolución judicial: la Corte ordenó retirar obstáculos y permitir el ingreso al predio.
